La advertencia de Marull: cómo la reforma laboral transforma el empleo en Argentina

El economista Fernando Marull llamó la atención sobre una paradoja inquietante del mercado laboral argentino. En sus análisis recientes, este consultor señaló que “Argentina crea 200 mil empleos por año, independientes o informales”, pero la salida que ofrece el mercado no es el trabajo formal tradicional sino plataformas como Rappi o Uber. Lo que Marull observa es sintomático de un cambio estructural profundo: mientras el empleo registrado en el sector privado cayó -1,3% y el público -0,9%, los monotributistas crecieron 4,2% interanual. Esta tendencia no es casual. La nueva reforma laboral en Argentina, sancionada recientemente, ha institucionalizado precisamente lo que Marull describe como la “nueva realidad” del mercado laboral.

El escudo legal para la independencia simulada

Lo que antes se conocía como una “relación de dependencia encubierta” —una situación que podía ser judicializada por registración deficiente— ahora obtiene respaldo legal explícito. Dos artículos clave de la nueva normativa son decisivos: el artículo 2 excluye del ámbito laboral a “las contrataciones de obra, servicio, agencia, transporte o flete”, a los “trabajadores independientes y sus colaboradores”, y a los “prestadores independientes de plataformas tecnológicas”. El artículo 23, más contundente aún, estipula que la presunción de existencia del contrato de trabajo no será aplicable cuando existan contrataciones de obras o servicios profesionales, y se emitan recibos o facturas correspondientes.

La implicación es radical: basta un contrato de locación de obra o servicio firmado por un monotributista para que desaparezca la presunción de relación laboral que antes prevalecía. En los juzgados, lo que importaba antes eran los hechos concretos (horarios, órdenes de un superior, cumplimiento de funciones específicas), pero ahora el contrato escrito se convierte en blindaje legal.

El boom de monotributistas en sectores clave

De los 400 mil monotributistas generados en los últimos dos años de la gestión Milei, 116 mil fueron en turismo y 93 mil en industria. El crecimiento total del monotributo fue de 4,2% en el período más reciente, según datos del SIPA. En comparación, actualmente hay más de 6,2 millones de asalariados formales en el sector privado, mientras que ya hay casi 5 millones de trabajadores independientes: 2,1 millones son “monotributistas puros” según la categoría fiscal, y 2,1 millones adicionales son trabajadores independientes que funcionan bajo un esquema de relación de dependencia aunque su figura legal sea la de monotributistas.

Esta cifra, que revela una investigación del académico Matías Maito de la Universidad de San Martín, expone una realidad incómoda: en muchas pymes y microempresas, ni siquiera los trabajadores saben cuál es su verdadera contratación. Las empresas entregan las credenciales fiscales de ARCA y gestionan directamente los pagos al monotributo, las recategorizaciones y el cumplimiento fiscal.

La apuesta oficial por la desregulación

El Gobierno respalda activamente esta transformación. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, comentó favorablemente el análisis de Marull, señalando que “el mercado laboral va tomando nuevas formas”. Esta perspectiva liberal interpreta el fenómeno como una reducción de costos para las empresas y un incentivo para contratar más trabajadores. Sin embargo, el análisis del economista Marull sugiere una interpretación distinta: estos empleos son más informales, menos protegidos y potencialmente menos productivos que el empleo de dependencia tradicional.

El acertijo fiscal y previsional

Surge entonces una pregunta incómoda: ¿qué incentivos existirán para que una empresa contrate a alguien en relación de dependencia? Hacerlo implica pagar vacaciones, aguinaldo, aportes más caros al Estado e indemnización por despido. En cambio, contratar a un monotributista significa evadir estas obligaciones y, en algunos casos, hasta descargarse del impuesto a las Ganancias.

A nivel fiscal, la consecuencia es preocupante. El sistema jubilatorio argentino, ya en crisis, requiere teóricamente tres trabajadores aportando para financiar a un jubilado. Actualmente, esa relación es de 1,7 personas activas por cada pasiva, un número críticamente bajo. En el caso específico de monotributistas, la brecha es aún más dramática: se estiman que se necesitan 19 monotributistas para financiar una jubilación mínima, según cálculos del docente de finanzas públicas de la UBA Julián Folgar.

Lo que la reforma laboral legaliza es, en esencia, una transferencia de riesgos desde los empleadores hacia los trabajadores y hacia el sistema previsional del Estado. El economista Marull, con su advertencia sobre la naturaleza de estos empleos, identifica la verdadera tensión: entre una desregulación que reduce costos empresariales y una contracción estructural del financiamiento social que sostendrá el país en el futuro.