El plan de reserva de Bitcoin del gobierno de EE. UU. enfrenta una brecha en su implementación. En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva No. 14233, que establece claramente que el Bitcoin confiscado a través de procedimientos penales o civiles debe ingresar en el «Depósito Estratégico de Bitcoin de Estados Unidos». Esta medida se entiende ampliamente como un paso importante para establecer una reserva oficial de activos digitales.

Sin embargo, la situación parece haber cambiado. A principios de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó a la Oficina de Alguaciles que tomara medidas contrarias: comenzar a vender los Bitcoin confiscados. Este giro ha generado atención en el mercado: ¿de dónde proviene la inconsistencia en las políticas? ¿Es una reordenación de prioridades o una desviación en la interpretación a nivel de ejecución? La brecha entre las políticas y las operaciones reales refleja precisamente la incertidumbre sobre la estrategia de EE. UU. respecto a los activos digitales. La actitud del gobierno de Trump hacia las criptomonedas podría decidir directamente el rumbo final de este plan de reserva.