Bajo la presión de las sanciones, algunos países comienzan a reevaluar el valor estratégico de los activos criptográficos. Tomemos como ejemplo a Venezuela, que tras enfrentarse a sanciones internacionales durante mucho tiempo, ha ido ajustando gradualmente su sistema de liquidación financiera, incluyendo una transición hacia el ámbito de las criptomonedas. Sobre si el país realmente ha acumulado 600,000 bitcoins, hay muchas opiniones en la industria—esto no es solo una cuestión numérica, sino que también refleja un fenómeno profundo: en un contexto donde las finanzas tradicionales están congeladas, el bitcoin está siendo redefinido como un activo de refugio a nivel estatal y una herramienta de poder. Este caso nos recuerda que el valor de los activos criptográficos ha superado la simple inversión, convirtiéndose en una nueva variable en el panorama político y económico internacional.