Hong Kong inicia consulta pública sobre las reglas fiscales de las criptomonedas

En el contexto de una regulación de activos digitales cada vez más clara a nivel mundial, Hong Kong está dando un paso crucial con su característico enfoque prudente y visionario. Recientemente, el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong anunció oficialmente el inicio de una consulta pública de dos meses sobre la incorporación del Marco de Reporte de Criptoactivos (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF) y la revisión del Actual Estándar de Reporte Común (Common Reporting Standard, CRS). Esta medida no solo demuestra la determinación de Hong Kong de alinearse con los estándares internacionales más altos en materia de transparencia fiscal de criptomonedas, sino que también contrasta claramente con las políticas regulatorias cada vez más estrictas en China continental bajo el esquema de “Un país, dos sistemas”, resaltando su posición estratégica como centro global de activos virtuales.

Nuevo capítulo en regulación

El núcleo de esta consulta es la adopción del marco CARF, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El CARF busca establecer un sistema global y estandarizado de intercambio automático de información fiscal, específicamente dirigido a transacciones con criptoactivos. En términos simples, una vez implementado, las instituciones financieras y proveedores de servicios de activos virtuales en Hong Kong estarán obligados a recopilar y reportar a las autoridades fiscales información sobre las transacciones con criptoactivos de sus clientes. Esta información se compartirá posteriormente mediante mecanismos de intercambio automático con otras jurisdicciones que hayan adoptado el CARF.

El Secretario de Asuntos Financieros y del Tesoro de Hong Kong, Christopher Hui, aclaró que la adopción del CARF “demostrará firmemente el compromiso de Hong Kong con la cooperación fiscal internacional y la lucha contra la evasión fiscal transfronteriza”. La medida no representa un cambio abrupto en la política, sino una evolución natural del sistema regulatorio existente. Desde 2018, Hong Kong ha intercambiado automáticamente información sobre cuentas financieras bajo el marco CRS con sus socios jurisdiccionales. La incorporación del CARF formaliza la integración de la categoría emergente de criptoactivos en la red internacional de transparencia fiscal, cerrando posibles brechas regulatorias.

Según el documento de consulta, Hong Kong planea comenzar a intercambiar automáticamente datos fiscales relacionados con criptoactivos con jurisdicciones colaboradoras que cumplan con ciertos criterios a partir de 2028, con una implementación completa prevista para 2029. Para garantizar una transición suave, el gobierno también está solicitando opiniones de la industria sobre la creación de mecanismos transitorios, destinados a ayudar a las entidades reportantes a adaptarse a los nuevos requisitos sin interrumpir sus sistemas de cumplimiento existentes. Esta planificación cuidadosa refleja que Hong Kong busca fortalecer su regulación mientras considera la adaptabilidad del sector y la estabilidad del mercado.

Este movimiento de Hong Kong se produce en medio de una ola de apoyo global al CARF. Hasta principios de diciembre de 2025, 76 países y regiones han prometido adoptar el marco. Datos recientes de la OCDE indican que 48 de estos países planean implementarlo antes de 2027, y 27 antes de 2028. Es importante destacar que incluso Estados Unidos, anteriormente más conservador en su postura, ha establecido 2029 como su año objetivo. Además, 53 países ya han firmado el Acuerdo Multilateral de Intercambio Automático de Información (Multilateral Competent Authority Agreement), que establece la base legal para el intercambio.

No obstante, los avances no son uniformes a nivel global. Por ejemplo, Suiza, como centro financiero, ha retrasado la implementación del CARF hasta 2027 y continúa evaluando cuidadosamente con qué países intercambiará datos. La Oficina de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) también está revisando internamente una propuesta para unirse al CARF. Estas diferencias reflejan los complejos equilibrios que deben hacer distintas jurisdicciones entre innovación, privacidad, seguridad y cumplimiento internacional. Sin embargo, la tendencia global es clara: la era del anonimato en criptoactivos está llegando a su fin, y la transparencia y regulación son caminos irreversibles.

Diferencias marcadas

Mientras Hong Kong abraza activamente el marco regulatorio global de criptomonedas, China continental envía señales contundentes en sentido contrario. La Asociación de Finanzas en Internet de China, la Asociación Bancaria, la Asociación de Valores y otras siete principales asociaciones financieras han publicado en conjunto advertencias de riesgo, iniciando la campaña más severa y completa contra las criptomonedas desde que en 2021 se comenzaron a retirar las plataformas de intercambio y las actividades mineras.

Lo más destacado de esta acción es que, por primera vez, se define claramente la “tokenización de activos del mundo real” (Real-World Asset Tokenization, RWA) como una actividad financiera ilegal. La declaración oficial afirma que las autoridades financieras chinas “no han aprobado ninguna actividad de tokenización de activos del mundo real”, y la equipara con stablecoins, monedas sin respaldo (como Pi), minería y otras actividades, considerándolas pretextos para captar fondos ilícitos y esquemas de pirámide.

Las preocupaciones de las autoridades regulatorias chinas son evidentes. Consideran que la RWA puede convertirse en una herramienta compleja para la fuga de capitales, permitiendo a individuos convertir activos nacionales en tokens, transferirlos a billeteras en el extranjero y cambiarlos a divisas, evadiendo así las restricciones tradicionales de bancos y control de divisas. Expertos legales señalan que la declaración conjunta establece tres límites infranqueables: Clasificación como transacción de financiamiento: sin importar cómo se empaquete la tecnología RWA, su esencia se percibe como un mecanismo de recaudación de fondos mediante emisión y comercio de tokens, que debe ajustarse a la legislación financiera vigente, especialmente a la Ley de Valores y las leyes contra actividades financieras ilegales. Impresión de riesgo controlado: los reguladores consideran que, incluso si los proyectos aseguran que los activos son reales, la estructura del token no garantiza la propiedad legal ni la liquidación de los activos subyacentes, por lo que el riesgo puede desbordar. Declaración de ilegalidad: se afirma claramente que todas las actividades de RWA no están autorizadas y no existe espacio gris de “exploración regulatoria” o “espera de registro”.

Más aún, la declaración crea una “red de bloqueo en cuatro capas”, según analistas: cortando la infraestructura minera, bloqueando canales de pago con stablecoins, cerrando la ruta de RWA y eliminando proyectos fraudulentos. Además, extiende las responsabilidades legales a los “trabajadores en China de proveedores de servicios de criptomonedas en el extranjero” y a las instituciones y particulares en China que les brinden servicios. Para los operadores, la única vía de cumplimiento es “salir completamente al extranjero”: trasladar toda la estructura legal, custodia de activos, equipos tecnológicos y acceso de usuarios fuera de China continental.

Estas diferencias políticas tan marcadas ilustran claramente cómo se manifiesta en el ámbito digital el esquema de “Un país, dos sistemas”. Hong Kong aprovecha su sistema legal y financiero para crear un centro de activos virtuales regulado y abierto al mundo, con un esquema de licencias para stablecoins que ha atraído a 80 instituciones, y con proyectos piloto de RWA en marcha (limitados a activos offshore y usuarios fuera de China). En cambio, China continental, motivada por la seguridad financiera y la estabilidad social, ha optado por una prohibición total y una estrategia de bloqueo.

Conclusión

Cabe destacar que, en una tendencia global hacia la transparencia, los mercados siguen explorando nuevas posibilidades. Datos señalan que las fundaciones en las Islas Caimán han visto un crecimiento del 70% en sus registros anuales. Expertos legales advierten que, si bien el marco actual del CARF puede estar dirigido principalmente a entidades que realizan transacciones activas, las estructuras que solo mantienen en “modo pasivo” sus criptoactivos, como fideicomisos, fondos de inversión o ciertos fondos pasivos, podrían presentar ambigüedades en sus obligaciones de reporte. Esto plantea una cuestión importante: a medida que las reglas de reporte global se vuelven más estrictas, ¿pueden estas estructuras convertirse en nuevos “refugios seguros” y cómo responderán los reguladores a estas posibles formas de evasión?

En resumen, la consulta pública sobre el CARF en Hong Kong representa un paso prudente y decidido en su competencia por liderar la regulación global de las criptomonedas. Es una respuesta a la promesa de transparencia fiscal internacional y una estrategia para consolidar su posición como centro financiero global. Además, en contraste con las estrictas políticas de prohibición en China continental, refuerza sus ventajas institucionales bajo el esquema de “Un país, dos sistemas” y ofrece un ejemplo valioso para que los observadores globales analicen cómo diferentes filosofías regulatorias pueden influir en el desarrollo del mercado. En el futuro, cómo Hong Kong siga avanzando en esta senda de equilibrio entre innovación y cumplimiento, conectando Oriente y Occidente, tendrá un impacto profundo en el futuro del paisaje de activos digitales mundial.